El portavoz del partido popular en el Ayuntamiento de Almansa, comparecía ante los medios de comunicación para lamentar la puesta en funcionamiento del nuevo impuesto del agua de Emiliano García Page y que con el silencio cómplice de Pilar Callado, y el concejal de izquierda unida, hace que todos los almanseños y almanseñas tengamos que pagar una factura del agua mucho más cara desde el pasado 1 de enero, y que no sólo afecta a las personas sino también a todas las empresas de nuestra localidad.

Igualmente, Sánchez Roselló hizo referencia a las mentiras del que hoy es concejal del ciclo integral del agua, Pablo Sánchez y del PSOE Almansa, quien en el mes de abril del año 2.022, siendo concejal de la oposición pedía a los entonces concejales de gobierno del partido popular que habían denunciado la intención del PSOE de CLM de gravar con este nuevo impuesto a todos los castellanos manchegos, que no alarmaran y que pidieran disculpas puesto que el impuesto se había paralizado. Pues bien, hoy 3 años después comprobamos que el impuesto se paralizó temporalmente porque venían las elecciones regionales, y Emiliano García Page no quería verse perjudicado por ello, en un claro engaño electoral, y nos preguntamos si el concejal Pablo Sánchez pedirá perdón a los vecinos de la localidad por haber mentido con la imposición del nuevo impuesto del agua de Page.

Roselló lamentaba la postura del Partido Socialista de Almansa quien votó en contra de la moción del Partido Popular para su eliminación en el pasado pleno de marzo de 2024, ya que este nuevo impuesto “va en contra de los intereses de Almansa y de los almanseños” que tendrán que hacer un esfuerzo adicional para pagar un nuevo canon implantado por la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha.

El portavoz anunciaba la presentación de una moción para el próximo pleno donde pedirá a la Junta que reintegre la totalidad de la cantidad recaudada en Almansa. Es una oportunidad para el equipo de la Sra. Callado de alinearse con la ciudadanía y solicitar la devolución de la totalidad del dinero recaudado en nuestra ciudad para continuar con la mejora de las infraestructuras del agua, como por ejemplo la construcción de un nuevo depósito de agua, o la parametrización de determinados indicadores de calidad del agua.

Además, el portavoz ha explicado que la Junta obliga a los ayuntamientos a cobrar más a los almanseños por beber la misma agua, indicando que “se estima que tendremos que recaudar y enviar a la Junta desde el Ayuntamiento cerca de 500.000 euros al año para que nos devuelva apenas el 25 por ciento de lo recaudado para realizar inversiones.

Nos trasladamos en la mañana de hoy para comprobar de primera mano el inicio de las obras de construcción de un edificio para aseos dentro del recinto ferial, tal y como la concejal de obras, había confirmado ante los medios de comunicación el pasado día 13 de marzo, dando breves pinceladas sobre el desarrollo y los plazos de esta obra.

Desde el grupo municipal popular, comprobamos con sorpresa como estas obras, a instancia del gobierno de la señora Callado y en conocimiento de su equipo de gobierno se han iniciado a pesar de no contar con todos los informes previos y documentación preceptiva para ejecutar cualquier obra.

Según consta en los registros del Ayuntamiento, esta intervención cuenta con al menos dos informes negativos por parte de los técnicos municipales. En el primero de ellos se detallan una serie de deficiencias e incumplimientos que deben ser solventados antes de continuar con la tramitación del expediente, y un segundo informe pone de manifiesto la incompatibilidad urbanística para esta construcción en un suelo calificado como zona verde. Y a pesar de ello, la obra se ha iniciado con el beneplácito del gobierno municipal.

Muchas personas de Almansa habrán pasado por la necesidad de cumplimentar estos trámites antes de iniciar una obra, proyecto de actividad o gestión de licencia. Sabemos que pueden ser tediosos y complejos, pero son los establecidos por la ley para el correcto desarrollo de la actividad edificatoria y urbanística, así como para garantizar el cumplimiento de medidas de seguridad, accesibilidad y uso.

El no cumplimiento de las mismas supone la paralización de la actividad, la sanción y la obligatoriedad de subsanación de errores o carencias. Pero el Partido Socialista demuestra que la ley no es para ellos, y se arrogan determinados privilegios en lo que para el resto de personas sería motivo de sanción.