El Partido Popular de Almansa se suma a la campaña de recogida de firmas que está llevando a cabo el PP a nivel nacional contra la ocupación ilegal y para la aprobación de una proposición de ley que realice la reformas necesarias para frenar el delito de ocupación ilegal de viviendas.
Así lo anunciaba la secretaria general del PP de Almansa, Tania Andicoberry, en la rueda de prensa que realizaba junto al presidente local y senador por la provincia de Albacete, Ramón Rodríguez, «esa recogida de firmas se llevará a cabo el martes y el jueves en horario de mañana en las inmediaciones del mercado municipal y por la tarde en la sede del Partido Popular local».
Además, Andicoberry recalcaba que «ante un problema que va creciendo año tras año hay que tomar soluciones y medidas de forma inmediata, tal y como está exigiendo el Partido Popular a nivel nacional y a nivel regional con esa proposición de ley que el Partido Popular de Castilla-La Mancha llevaba a las Cortes regionales para su aprobación, iniciativa puesta en marcha por nuestro presidente regional Paco Núñez».
En esa proposición de ley destacan medidas como el desalojo de las viviendas en un plazo máximo de 12 horas, endurecimiento de las penas de prisión de uno a tres años, la anulación del empadronamiento municipal a los ocupas, la posibilidad de las comunidades de propietarios de emprender acciones legales, “ aquellos vecinos que como nosotros entiendan que hay que actuar ya contra los delitos de ocupación ilegal y proteger a todas aquellas personas y familias que lo están sufriendo pueden venir a nosotros y con su firma adherirse a esta campaña”.
Por otra parte, la popular ha señalado que este jueves el alcalde, Javier Sánchez Roselló, participaba en su calidad de diputado, en el pleno extraordinario de la Diputación Provincial donde se aprobaba por unanimidad una moción conjunta del Partido Popular y Ciudadanos para solicitar la implantación de una Ley de Garantías para la seguridad y convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal, con el fin de instar al Gobierno Central y a las Cortes Generales que promuevan las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada.
